La mañana del miércoles comenzó con una revelación que podría sacudir al sistema electoral mexicano. Gabriela Sterling, presidenta de la organización Poder Ciudadano, apareció frente a los medios con una carpeta gruesa bajo el brazo y un gesto firme en el rostro. En ella llevaba el recurso de impugnación que presentaría contra tres de las elecciones más importantes del país: la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“No estamos impugnando todo el proceso, sino estas tres elecciones en particular, porque hemos documentado irregularidades graves”, afirmó Sterling durante su intervención en el programa Aristegui En Vivo. Su tono era sereno, pero cada palabra pesaba. Lo que se presentó como una elección democrática, según la organización, estuvo plagado de prácticas que parecían ya erradicadas del panorama nacional: acarreo, compra de votos, uso de recursos públicos y hasta la distribución masiva de “acordeones” con instrucciones de voto.
El momento no podría ser más delicado. Apenas hace unos meses, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció por primera vez la legitimidad de Poder Ciudadano para impugnar acuerdos del INE. Ese precedente legal le da fuerza a este nuevo recurso, que apunta directamente al corazón de la institucionalidad mexicana.
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Sterling no está sola. Abogados constitucionalistas, exmagistrados y expertos en derecho electoral respaldan el documento. “Este recurso no es una ocurrencia, tiene sustento jurídico y está armado con pruebas contundentes”, subrayó. Además, señaló que este paso no es solamente para anular un resultado, sino para establecer una línea roja: “Esto no puede repetirse, queremos que se investigue y se sancione a los responsables”.
Durante la conferencia de prensa, la dirigente de Poder Ciudadano relató cómo durante los días previos a la votación se observaron prácticas de coacción y movilización masiva financiadas aparentemente con recursos del Estado. “Queremos saber con qué dinero se imprimieron miles de acordeones y quién dio la orden para que fueran repartidos. No es una anécdota más, es un delito electoral”, recalcó.
Según el documento, la impugnación será entregada tanto en las oficialías de partes del INE como en el Tribunal Electoral y, en próximos días, ante la Suprema Corte. Aunque reconoce que el panorama político no es el más favorable para procesos de esta naturaleza, Sterling insistió en que este tipo de acciones pueden marcar la diferencia. “Tenemos que dejar constancia de que al menos lo intentamos, que no nos quedamos cruzados de brazos mientras se desmantela la democracia”.
En un país donde la legitimidad institucional ha sido cuestionada en múltiples frentes, la iniciativa de Poder Ciudadano parece buscar más que justicia electoral: busca restaurar la confianza. “Las autoridades del INE deben deslindarse de este fraude si quieren seguir teniendo credibilidad”, sentenció.
El ambiente se tornó aún más denso cuando se le preguntó por las consecuencias de no actuar. “Si dejamos pasar esto, estamos normalizando la trampa, la manipulación y el abuso del poder. Este país va camino a cero democracia si no se pone un alto”, concluyó.
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